La Rioja, a través del gobierno provincial, enfrentará en diez días, el mayor desafío de tres décadas de lucha federal por la Coparticipación. El histórico reclamo comenzó en 1988, cuando parte de los fondos que recibía no fueron incluidos en la Ley de Coparticipación y la provincia fue condenada a "peregrinar" a Buenos Aires para que el gobierno de turno se los transfiera.

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En esta semana, en una inesperada notificación, la Corte Suprema de la Nación, citó a la provincia y a la Nación a una audiencia con las pruebas en la mano. Estarán frente a los tres cortesanos que hoy integran el cuerpo: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Hace 30 años, La Rioja emprendió una de las luchas federales más prolongada desde la recuperación de la democracia en Argentina fundamentada en que la quita había sido injustificada, que no se compensaba debidamente con los fondos extras y que se violaba el principio constitucional de equidad entre rovincias.

 

La compensación nunca alcanzó el monto original y dependía de negociaciones políticas año a año, lo que generaba inestabilidad y tensión permanente en reclamo de una reparación histórica y una actualización del monto.

Se judicializa

Recién en 2017, siendo gobernador Sergio Casas, se judicializó el reclamo con una demanda contra el Estado Nacional, para que se reconociera el punto de Coparticipación y actualizaran los montos perdidos.

Ocho años después, la Corte Suprema admitió el reclamo y citó a la provincia para el próximo 3 de diciembre, a una audiencia de conciliación con la Nación, reconociendo que el reclamo debe tratarse como una controversia federal válida y que la provincia tiene derecho a que el caso se resuelva.

Una segunda instancia judicial ante la Corte, se abrió a los pocos meses que asumiera el presidente Milei por el no envío de los fondos compensatorios incluidos en el Presupuesto Nacional actualmente calculados en millones de dólares por la prórroga presupuestaria del 2024 y 2025.

No hubo ninguna respuesta por parte de la Corte a estas presentaciones encabezadas por el gobierno de Quintela, sí del Gobierno nacional que le informó que ordenaron limitaciones a las transferencias en represalia por la emisión de la cuasi moneda Chachos y por no haber firmado el Pacto de Mayo.

Estrategias unificadas

 

La persistente lucha de la provincia por el punto de coparticipación, más allá de las declaraciones oficiales encuentra al gobierno provincial con posturas disímiles sobre la estrategia para la audiencia con la Corte Suprema ante la existencia de dos causas.

La audiencia es por la demanda del 2017 que pretende que la Corte reconozca la quita y los gobiernos nacionales los incluyan en forma automática en el Presupuesto Nacional para no depender de negociaciones políticas.

A los fundamentos históricos de sucesivos reconocimientos en todos los gobiernos, suma argumentos económicos de esos fondos para brindar, incluso, servicios esenciales a la provincia y jurídicos porque es un reclamo similar al que hizo la provincia de Buenos Aires -siendo gobernadora María Eugenia Vidal- a la que la Corte Suprema accedió y llegó casi al fallo, cuando Vidal retiró la demanda tras un acuerdo político con más recursos para el conurbano.

Tanto el ex gobernador Casas como el senador Fernando Rejal y el entonces Fiscal de Estado, Héctor Duran Sabas, protagonistas de esa demanda consideran que, si los cortesanos fallan a favor de la provincia, se resolverá la cuestión de fondo.

Distinta es la postura del Gobierno provincial que primero buscará unificar las causas, ya que las que se presentaron contra Milei equivalen a la devolución de fondos adeudados actualmente. Descreen del argumento de pérdida de un punto en 1988 porque la provincia aceptó el convenio marco firmado con todas las provincias.

Todavía está a estudio la estrategia que exhibirán ante los cortesanos y hay voluntadvde hacerlo en conjunto, aunque también cabe la posibilidad de diseñarla según vayan sucediendo los acontecimientos hasta y durante la audiencia.

Unos y otros reconocen que la decdecisión la Corte es histórica para la provincia porque habilitó un tema que lleva años de lucha y le da “verosimilitud al reclamo”.

El diputado nacional Sergio Casas anticipó que estará presente, también el constitucionalista Alberto García Lema, que presentó la demanda en 2017, el abogado y asesor del gobierno provincial Jorge Yoma y el constitucionalista Gil Dominguez que iniciaron reclamos por la retención de fondos de Milei.

También irá el Fiscal de Estado Emilio “Dito” Rodríguez quien en un posteo recordó que junto a Quintela estuvieron frente a la Corte en una demanda por recursos coparticipables contra la provincia cuando Quintela era intendente de Capital y les resultó favorable.

Decisiones políticas

 

No hay dudas que las circunstancias políticas/ideológicas, económicas y sociales, incluso electorales, tienen mucho que ver a la hora en que gobiernos, legisladores y jueces, incluida la actual Corte Suprema, toman decisiones. Históricamente, desde los caudillos federales en adelante, La Rioja ha padecido persecuciones de sus líderes o quita de recursos por el protagonismo que tomaron. No sería descabellado pensar que puede volver a ocurrir.

Ocurrió en 1988, La Rioja perdió la oportunidad de incorporar fondos extras que recibía a la Coparticipación automática en medio de un debate electoral entre dos peronistas: el gobernador de Buenos Aires, Antonio Cafiero y el gobernador de La Rioja, Carlos Menem.

La interna era intensa y la mayoría de los gobernadores del PJ estaban con Cafiero a quien se consideraba seguro ganador. En ese marco se debatió la Coparticipación. Buenos Aires cedió puntos a provincias que no adherían a Cafiero y se “castigó” a La Rioja no incluyendo los fondos extras. No fue una quita lisa y llana, sino que siguieron siendo extras con el objetivo que la provincia tuviera que ir a negociarlos, ergo en ese momento, el gobernador Menem quien contra lo que se pronosticaba, ganó la interna del PJ y luego la presidencia de la Nación.

En su gestión se recuperaron fondos, no todos porque su gobierno fue neoliberal y de fuerte ajuste con restricción de recursos.

En los gobiernos siguientes, funcionarios y legisladores siguieron peregrinando -incluso con Néstor Kirchner y Cristina Fernández- hasta que hace pocos años, durante la gestión de Alberto Fernández quedaron incorporados al Presupuesto nacional y se enviaban en cuotas mensuales.

Este viernes, La Rioja recibió el apoyo de los gobernadores del Norte reunidos en Santiago del Estero para la “inclusión en el presupuesto nacional, como ha venido ocurriendo en los últimos años, de un artículo que prevea la asignación de una partida a favor de la provincia, en reconocimiento y compensación del punto de Coparticipación que se le ha sacado en el año 1988”.

 

Con la política actual

 

Ahora la provincia se enfrenta una vez más a una decisión donde pesará más la política que los fundamentos históricos, económicos o legales de una lucha de 30 y tantos años por sus legítimos recursos.

Ocurre en un país caracterizado por un cambio de época en que se descree del federalismo; se deja en manos del mercado y las finanzas la economía y se pretende destruir el Estado y los derechos que solidariamente garantiza. Un modelo libertario apoyado por el poder económico; por medios de comunicación de derecha -sin lugar al debate- que busca eliminar otros pensamientos políticos y con redes sociales que difunden el odio y la discriminación al que piensa distinto. Todo con el apoyo electoral de las mayorías.

 

Es tan inédita la situación que, por primera vez en décadas representantes riojanos en el Congreso, el diputado Martín Menem y el senador Juan Carlos Pagotto, no acompañan a la provincia, al contrario, bregan para que no se los concedan.

Pagotto, es conocedor de primera mano cómo se negociaban estos fondos porque fue diputado del PJ en la presidencia de Menem. El padre de Martín Menem, entonces senador Eduardo Menem, dio un histórico discurso en el Congreso asegurando que de suprimirlos se estaba condenando a La Rioja a “ser una mera pagadora de sueldos”.

En ese contexto, la Corte sacó a la luz una causa con 8 años en sus despachos. ¿A quién pretende disciplinar? A opositores, a los que encarceló o vuelve a juzgar y a oficialistas los sobresee. A encaminar a las provincias que reclaman fondos adeudados o a gobernadores díscolos. O acaso, pretende presionar al gobierno nacional advirtiéndole sobre causas de corrupción, vacancias cortescortesanapliación del tribunal. Quizás una advertencia por las consecuencias sociales de las políticas libertarias -más difícil de creer-, teniendo en cuenta que La Rioja dejó de recibir esos fondos desde el mismo año que asumió Milei y no fueron incluidos para el próximo. La mitad de las provincias reclaman a la Corte por otros fondos retenidos.

Hasta ahora, lo único cierto es que La Rioja vivirá un momento histórico y definitorio sobre los recursos coparticipables que reclama y le corresponden.

 

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