La siniestralidad vial en Argentina no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia directa de políticas públicas (u omisiones), sostiene el informe de FEPEVINA que denunció el abandono del mantenimiento de las rutas nacionales. “El deterioro vial mata” y menciona que entre 2022 y 2023, las víctimas fatales aumentaron un 14%, con 4.369 muertes anuales. En 2024 casi 6 mil. En La Rioja, el año pasado 86 personas, según la organización civil, Luchemos por La Vida.

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El dato fue citado por la Federación de Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) que en su detallado informe sobre el estado de las rutas nacionales publicó el mapa de Argentina elaborado por Luchemos por la Vida con datos propios, no oficiales y la cantidad de fallecidos en siniestros viales por provincia. En La Rioja, en 2024, 86 personas y casi 6 mil en todo el país.

El análisis, FEPEVINA fue contundente “el deterioro vial mata, y lo hace de forma regresiva, afectando especialmente a jóvenes y regiones periféricas. No declarar la emergencia vial frente a este escenario no es neutralidad técnica: es responsabilidad política directa”.

“La infraestructura vial no es un gasto: es inversión pública, seguridad, desarrollo y soberanía. Desmantelar la Dirección Nacional de Vialidad implica más muertes, más desigualdad territorial y mayor dependencia de esquemas concesionados sin control público. La discusión no es peaje sí o no, ni obra pública sí o no: la discusión es si el Estado cumple o abdica de una de sus funciones esenciales. Las rutas no colapsaron por azar. Están siendo abandonadas. Y ese abandono tiene responsables políticos concretos”, se señaló.

Tal como informó Medios El Independiente, en una primera nota el estado de la Red Vial Nacional es crítico, con deterioro acelerado y riesgo creciente. Los datos oficiales del SIG VIAL muestran que al menos el 60% de la Red Vial Nacional se encuentra en estado regular o malo, con mediciones parciales y desactualizadas. Proyecciones conservadoras indican que el deterioro real podría alcanzar al 65% y un 70% de la red, afectando rutas estratégicas en todas las provincias.

Seguridad vial

Las infraestructuras viales -sostiene FEPEVINA- desempeñan un papel determinante en la mejora de la seguridad vial ya que su implementación supone la prevención de siniestros de tránsito o al menos, la minimización de sus efectos, especialmente en lo que concierne a la vida y a la salud de las personas. El deterioro progresivo de la infraestructura vial se produce fundamentalmente ante la falta de ejecución de obras de construcción, reconstrucción, mitigación, conservación, y mantenimiento de las rutas en sus calzadas principales, banquinas, márgenes laterales, zonas libres de obstáculos o zonas despejadas, cunetas de desagüe, señalizaciones horizontal y vertical, iluminación, obras de arte, puentes, etc., entre otras componentes, siendo de esta manera acumulativo y progresivo hasta alcanzar la falla o deformación parcial y total.

Reacción social

Como el deterioro de la red vial en distintos puntos del país dejó de ser solo un problema técnico para transformarse en un conflicto social, económico y de seguridad vial, la sociedad empezó a reaccionar. Ante la inacción o lentitud estatal, las acciones impulsadas por la sociedad, surgen respuestas desde abajo:

* Autoconvocatorias vecinales y asambleas locales.

* Relevamientos (fotos, videos de daños)

* Presentaciones ante defensorías, legislaturas y justicia

* Cortes simbólicos o señalización para advertir peligros

* Difusión en medios y redes sociales.

 Estas acciones no reemplazan al Estado, pero rompen la inercia del silencio y fuerzan la agenda pública. Una ruta en estado crítico no es solo un pavimento deteriorado: es la evidencia de una falla en la planificación, el financiamiento y la gestión. Cuando la sociedad actúa, no es por vocación de obra pública, sino por necesidad. La señal es clara: sin mantenimiento oportuno, el costo social y económico se multiplica, y la respuesta deja de ser técnica para volverse social y conflictiva.

Las infraestructuras viales desempeñan un papel determinante en la mejora de la seguridad vial ya que su implementación supone la prevención de siniestros de tránsito o al menos, la minimización de sus efectos, especialmente en lo que concierne a la vida y a la salud de las personas.

Acciones legales

Entre las acciones legales que presentaron organizaciones sociales figuran amparos judiciales por inseguridad vial; pedidos de declaración de la emergencia vial por legisladores de Chaco y Santa Fe; intendentes de Trenque Lauquen, Rufino y Rosario unidos reclamaron ante Vialidad Nacional, denuncias gremiales por falta de mantenimiento básico y retiro de equipos de conservación; protestas de usuarios bajo la consigna “Peaje hacia la muerte” debido al aumento de tarifas sin mejoras; reportes de emergencia por colisiones fatales vinculadas al estado del pavimento en Km 265 en la ruta 7 (Bs As) y reclamos del sector petrolero por la ruta151 entre Río Negro y La Pampa.

Rutas por reforma laboral

El informe de FEPEVINA tuvo amplia repercusión en todo el país, pero no fue eso lo que movió al ministro del Interior, Santilli a anunciar que el Gobierno nacional está atendiendo “el tema de las rutas nacionales y las emergencias por incendios e inundaciones. Es un trabajo que iremos puliendo en las próximas semanas”.

Lo dijo en una reunión que mantuvo con gobernadores de Salta, Tucumán y Catamarca por la reforma laboral.

Los mandatarios le plantearon la disminución de recursos coparticipables que tendrá una futura ley de reforma laboral que se suma a la situación fiscal de las provincias y el estado crítico de las rutas nacionales por la falta de mantenimiento y conservación.

Si “eso se atiende” señaló el gobernador Sáenz de Salta, “acompañaremos con el voto de nuestros legisladores”. Tras ello Santilli anunció la declaración mencionada al inicio.

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