
El Juzgado Federal de Pehuajó suspendió los efectos y aplicación de los artículos 1,4,5 y 8 del Decreto Nº 312/2025 que disponen la liquidación de la totalidad del patrimonio que compone el Fondo de Integración Socio Urbana.
La Justicia Federal hizo lugar a la medida cautelar presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quien representa en este caso a movimientos sociales.
El gobierno del presidente Javier Milei solo podrá disponer de los fondos del FISU para garantizar la continuidad de las obras y las políticas de integración urbana, y no para otros fines como pretendía.
Además, el juez multó al actual subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, al pago de $200.000 por día de demora en el cumplimiento de lo exigido por la Justicia: que presente un plan de urbanización de barrios populares y continuidad de la política paralizada.